Terremoto en Colombia pone a prueba la ayuda internacional
La tragedia sacude al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella mientras crece la asistencia internacional y persisten dudas sobre su coordinación.
El devastador terremoto que golpeó a Colombia el pasado lunes ha convertido los primeros días del gobierno de Abelardo de la Espriella en una prueba de fuego inesperada. Con cientos de víctimas, miles de personas afectadas y operaciones de búsqueda que avanzan contra el reloj, la emergencia no solo ha puesto bajo presión a los organismos nacionales de gestión del riesgo, sino que también ha abierto un debate sobre la velocidad con la que el país está canalizando la ayuda ofrecida desde el exterior.
La dimensión de la tragedia es considerable. Los reportes disponibles sitúan el saldo provisional en al menos 181 fallecidos, 2.595 personas heridas y más de 195 desaparecidos oficialmente, aunque algunas fuentes civiles manejan cifras superiores. El movimiento telúrico, de magnitud 7,4 según los reportes más recientes, provocó daños graves en diferentes zonas del país y obligó a desplegar equipos de emergencia para localizar a personas atrapadas entre los escombros.
El desastre llegó apenas tres días después de la toma de posesión de De la Espriella, quien asumió la Presidencia el 7 de agosto para el periodo 2026-2030.
Una emergencia que encontró a un gobierno en transición
La coincidencia temporal entre la llegada del nuevo Ejecutivo y el terremoto ha convertido la respuesta institucional en uno de los primeros grandes desafíos políticos de la nueva administración.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pieza central de la estructura colombiana de atención a emergencias, afrontaba precisamente un proceso de transición. Según información publicada por El País, De la Espriella todavía no había oficializado a su nuevo director de la UNGRD cuando ocurrió el desastre, mientras Javier Pava permanecía al frente de la entidad. La ausencia de un proceso de empalme completo entre los gobiernos saliente y entrante añadió complejidad a la coordinación.
En una catástrofe de estas dimensiones, la capacidad de reacción no depende únicamente del número de rescatistas disponibles. También requiere que existan canales de comunicación definidos, responsables con autoridad para tomar decisiones y protocolos capaces de integrar rápidamente recursos procedentes de otros países.
Ese es precisamente uno de los puntos que ahora están bajo escrutinio.
La ayuda internacional llega, pero no al mismo ritmo
La magnitud de la emergencia provocó una reacción internacional prácticamente inmediata. Gobiernos y organismos extranjeros expresaron su disposición a enviar personal especializado, equipos de búsqueda, suministros médicos y asistencia humanitaria.
México, Estados Unidos, China, Brasil, España, Chile, Argentina, Ecuador y El Salvador se encuentran entre los países que han mostrado disposición a colaborar de distintas maneras.
Sin embargo, ofrecer ayuda y desplegarla efectivamente son procesos diferentes.
En una emergencia internacional, los equipos extranjeros normalmente requieren autorización oficial, coordinación con las autoridades locales, definición de puntos de entrada, permisos para equipos especializados y una evaluación de las necesidades concretas sobre el terreno.
Cuando esos mecanismos no están perfectamente sincronizados, una oferta de asistencia puede permanecer durante horas —o incluso días— en espera.
Y en una operación de rescate, las horas son determinantes.
El factor político entra en el debate
La discusión se ha vuelto particularmente sensible porque el desastre coincide con el comienzo de una administración que representa un giro político respecto del gobierno anterior.
De la Espriella llegó a la Casa de Nariño después de imponerse en la segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda. El Consejo Nacional Electoral formalizó posteriormente su elección para el periodo 2026-2030.
Por ello, cualquier retraso en la cooperación internacional puede ser interpretado bajo una lente política, aunque no necesariamente exista evidencia de que las decisiones humanitarias estén determinadas por afinidades ideológicas.
Esa distinción resulta fundamental.
Hasta ahora, los elementos disponibles permiten identificar problemas administrativos y de coordinación derivados de una transición gubernamental abrupta en medio de una catástrofe. Convertir automáticamente esos obstáculos en una política deliberada de rechazo a determinados países requeriría pruebas adicionales.
El debate, sin embargo, ya está instalado.
México y China, entre los países que presionan por coordinación
La respuesta de México ha adquirido especial relevancia. El gobierno de Claudia Sheinbaum manifestó su disposición para enviar asistencia y personal especializado, mientras la coordinación dependía de los mecanismos oficiales establecidos por Bogotá.
China también ha mostrado interés en participar en las operaciones de auxilio. La diplomacia china llegó incluso a reclamar públicamente la designación de un interlocutor oficial colombiano que permitiera organizar la asistencia.
La situación refleja uno de los problemas clásicos de las emergencias internacionales: un país puede tener equipos listos para despegar, pero si no existe un canal institucional claro para recibirlos, la ayuda permanece en tierra.
La prioridad deja entonces de ser exclusivamente logística y pasa a convertirse en un problema de coordinación diplomática.
El contraste con Estados Unidos despierta preguntas
Uno de los aspectos que más atención ha generado es la presencia temprana de personal estadounidense en Colombia.
Estados Unidos cuenta con una enorme capacidad logística y experiencia en despliegues internacionales de emergencia. Su infraestructura militar y humanitaria permite movilizar recursos con rapidez cuando existe coordinación previa con el país afectado.
La presencia estadounidense, por sí sola, no demuestra que haya existido un trato preferencial por razones políticas.
No obstante, el hecho de que Washington haya conseguido desplegar recursos mientras otros gobiernos todavía aguardaban instrucciones ha alimentado inevitablemente las especulaciones.
La afinidad política entre la administración de De la Espriella y el gobierno de Donald Trump forma parte del contexto diplomático, pero sería prematuro atribuir exclusivamente a esa relación la diferencia en los tiempos de respuesta.
La explicación puede encontrarse también en la capacidad operativa, los canales previamente establecidos y la experiencia acumulada entre ambas administraciones.
La UNGRD enfrenta una prueba decisiva
La tragedia también vuelve a colocar a la UNGRD en el centro de la discusión nacional.
La institución ya había sido cuestionada durante el gobierno anterior por problemas de gestión y corrupción. Ahora debe demostrar que puede funcionar con eficacia en un escenario de máxima presión y durante una transición política.
La situación es particularmente delicada porque el terremoto ha obligado al nuevo Ejecutivo a tomar decisiones antes de completar la reorganización de varias estructuras gubernamentales.
La respuesta de emergencia, por definición, no puede esperar a que un gabinete termine de instalarse.
Los ciudadanos afectados necesitan agua, alimentos, atención médica, refugios y, sobre todo, equipos capaces de localizar a quienes permanecen atrapados.
La ONU y la cooperación multilateral
La participación de organismos internacionales añade otra dimensión a la emergencia.
La cooperación multilateral puede aportar experiencia técnica, suministros, especialistas y mecanismos de coordinación que resultan especialmente útiles cuando la magnitud de un desastre supera las capacidades locales.
Pero también exige información precisa: dónde están las comunidades más afectadas, qué infraestructura permanece operativa, cuáles son los hospitales disponibles, qué aeropuertos pueden recibir aeronaves y qué tipo de equipos son realmente necesarios.
Sin esos datos, incluso la ayuda mejor intencionada puede terminar siendo menos eficiente.
El reloj de los rescatistas sigue corriendo
Mientras las autoridades discuten procedimientos y responsabilidades, las operaciones de rescate continúan en condiciones extremadamente difíciles.
Los equipos deben trabajar entre estructuras inestables, posibles réplicas, interrupciones de carreteras y daños en infraestructura crítica.
Cada jornada que pasa reduce las probabilidades de encontrar sobrevivientes, aunque las operaciones de rescate en grandes terremotos han demostrado repetidamente que pueden producirse hallazgos exitosos incluso después de varios días.
La prioridad, por tanto, sigue siendo localizar personas con vida, estabilizar las estructuras comprometidas y garantizar atención médica a quienes han sobrevivido.
Una crisis que será medida en resultados
El terremoto representa mucho más que una emergencia natural para el nuevo gobierno colombiano. Es su primera gran prueba de capacidad administrativa.
La población evaluará al Ejecutivo no únicamente por sus discursos, sino por la velocidad con la que lleguen los rescatistas, la distribución de ayuda, la recuperación de servicios básicos y la capacidad para reconstruir las zonas devastadas.
También será fundamental determinar, una vez superada la fase crítica, qué obstáculos retrasaron la cooperación internacional y si existieron fallas de comunicación entre las instituciones colombianas y los gobiernos que ofrecieron asistencia.
La transparencia será indispensable.
Si los retrasos obedecieron a procedimientos burocráticos, deberán corregirse. Si hubo problemas derivados de la transición gubernamental, deberán documentarse. Y si se detectara que consideraciones políticas influyeron indebidamente en la recepción de ayuda humanitaria, la sociedad colombiana tendría derecho a conocerlo.
La tragedia no debería tener color político
El terremoto ha colocado al gobierno de Abelardo de la Espriella ante una paradoja: debe demostrar control político precisamente cuando la magnitud del desastre obliga a depender de la cooperación nacional e internacional.
En este escenario, la ayuda humanitaria debería estar por encima de las diferencias ideológicas.
La verdadera prueba para Colombia será conseguir que cada recurso disponible —nacional o extranjero— llegue al lugar donde pueda salvar más vidas.
La emergencia también deja una lección para el futuro: los mecanismos de cooperación internacional deben estar preparados antes de que ocurra el desastre. Las listas de contactos, protocolos de autorización, procedimientos aduaneros y canales diplomáticos no pueden improvisarse cuando miles de personas necesitan asistencia.
Colombia enfrenta ahora una carrera contra el tiempo. La política podrá discutir responsabilidades después. Para los equipos que trabajan entre los escombros y para las familias que todavía buscan a sus seres queridos, la prioridad es mucho más sencilla: encontrar sobrevivientes y comenzar a reconstruir.
