Reforma Constitucional en Nicaragua: El sector construcción alza la voz

Trabajadores de la construcción de todo el país participan en la consulta popular digital, mientras el Gobierno impulsa una reforma que busca blindar el modelo de infraestructura y desarrollo social vigente desde 2007.

Reforma constitucional en Nicaragua: el pulso de la construcción marca la ruta del cambio

En un contexto de creciente polarización política y efervescencia social, Nicaragua asiste a un proceso inédito: la consulta popular sobre la reforma a la Constitución Política, que esta semana tuvo su decimonovena jornada con el sector construcción como protagonista. Este gremio, considerado el motor silencioso de la economía nacional, ha sido convocado a través de 28 puntos de conexión digital que enlazan a trabajadores de todos los municipios del país, desde las grandes urbes hasta los rincones más apartados de la geografía nacional.

La cita, celebrada este 18 de agosto, no fue un acto menor. La Comisión Especial de Carácter Constitucional, dando cumplimiento a las directrices de la Presidencia de la República, ha diseñado un calendario de audiencias sectoriales que busca legitimar el proyecto de enmiendas mediante la participación directa de los actores que, según el oficialismo, han sido los artífices del «modelo de progreso» instaurado desde 2007.

Un sector en el centro del debate

Los trabajadores de la construcción no son un gremio cualquiera. En las últimas dos décadas, este sector ha sido el principal beneficiario de la inversión pública en infraestructura: carreteras que conectan el Pacífico con el Caribe, hospitales que sustituyen instalaciones centenarias, escuelas que emergen en comunidades históricamente olvidadas y viviendas que prometen cerrar el déficit habitacional. Pero también ha sido el escenario de controversias laborales y ambientales que hoy resuenan en las mesas de diálogo.

«Somos los que ponemos los ladrillos, pero también los que vemos las grietas», declaró a este medio un maestro de obra de Matagalpa, quien participó vía remota desde un centro comunal. «Queremos que la reforma garantice no solo más proyectos, sino mejores condiciones para nosotros y nuestras familias». Su voz se sumó a la de cientos de trabajadores que, mediante pantallas y micrófonos compartidos, expusieron sus expectativas y reparos ante los cambios constitucionales.

Infraestructura como bandera, inversión privada como horizonte

Desde el Palacio Presidencial, se ha insistido en que la reforma no es un capricho político, sino una necesidad para «blindar» los logros del denominado Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. En el discurso oficial, el sector construcción es el eslabón que articula el crecimiento económico con la cohesión territorial. Los números respaldan esa narrativa: en los últimos 15 años, el presupuesto destinado a obras públicas se ha multiplicado por cinco, y la inversión privada en infraestructura ha crecido a tasas de dos dígitos, según cifras del Banco Central.

Sin embargo, economistas independientes advierten que el modelo ha generado una dependencia excesiva del gasto público y que la reforma constitucional podría perpetuar un esquema centralista en la toma de decisiones. «No se trata de frenar las obras, sino de preguntarnos si la Constitución debe atar al Estado a un plan de desarrollo que no admite revisión crítica», señaló una analista que prefirió el anonimato.

El factor digital: participación o simulación

La modalidad de consulta a través de 28 puntos digitales ha sido otro foco de atención. Si bien el Gobierno destaca la innovación y la cobertura territorial, organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la transparencia del proceso, señalando que la conectividad en zonas rurales es limitada y que la participación podría estar sesgada hacia sectores afines al oficialismo.

No obstante, los trabajadores que acudieron a los centros habilitados en municipios como Jinotega, Bluefields o Estelí mostraron una actitud pragmática. «Nosotros no venimos a hacer política, venimos a decir lo que necesitamos: más carreteras, más hospitales, pero también más seguridad social y salarios dignos», expresó una operaria de maquinaria pesada desde el punto de conexión de Managua.

Lo que viene: un debate que trasciende las obras

La consulta al sector construcción es la número 19 de una serie que incluye a gremios como el agro, el comercio y la educación. La Comisión Constitucional tiene previsto cerrar esta fase de escucha en los próximos días, para dar paso a la redacción final del dictamen que se presentará ante el plenario de la Asamblea Nacional.

Mientras tanto, en los tableros de obra y en las salas de juntas, el gremio evalúa su papel en este proceso. Para unos, es una oportunidad histórica de convertir sus demandas en derecho constitucional; para otros, un acto de validación de un proyecto que ya tiene rumbo fijo. Lo cierto es que, en un país donde la infraestructura es tanto necesidad como símbolo, la voz de quienes la construyen adquiere un peso que ningún artículo constitucional puede ignorar.

Cierre:
La reforma a la Carta Magna aún tiene capítulos por escribir, pero el diálogo con los trabajadores de la construcción deja una lección clara: el desarrollo no es solo cemento y acero, sino también justicia social y participación genuina. El desafío para los legisladores será traducir esas palabras en textos que resistan el paso del tiempo… y de las próximas generaciones.