Daniel Ortega proclama el fin de la alternancia política en Nicaragua
El copresidente anuncia un «muro legal» contra la oposición y sentencia que «no volverá a haber elecciones» que permitan el retorno al poder de fuerzas vinculadas a EE.UU. y al somocismo.
Managua, 21 de julio de 2026 – En un discurso que marca un punto de inflexión en la vida institucional del país, el copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha proclamado el cierre definitivo de la vía electoral para la oposición, al tiempo que ha anunciado un paquete de reformas legales destinadas a blindar al oficialismo contra cualquier intento de desestabilización. Durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario sentenció: «Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder».
El anuncio: «Jamás, jamás, jamás»
El acto oficial, celebrado en la capital, se convirtió en el escenario para una de las declaraciones más contundentes del Ejecutivo en los últimos años. Ortega, de 80 años, fue tajante al advertir que las instituciones del Estado trabajarán para impedir que partidos políticos implicados en acciones violentas con fines sediciosos —y que, según su relato, cuentan con el auspicio político y financiero de Estados Unidos— puedan amenazar la paz nacional.
«No crean que porque no hay guerra estamos en paz. Ellos [la oposición] viven conspirando ahí, organizando, buscando cómo organizar partidos para que en una elección, que ellos se suponen, entonces esos partidos ganen las elecciones», subrayó Ortega. En un pasaje de fuerte carga histórica, el mandatario remarcó que la posibilidad de que «los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al Gobierno» es una utopía: «Jamás, jamás, jamás», insistió.
«Un muro» contra los «golpistas»
El copresidente precisó que el Gobierno impulsará leyes para construir lo que denominó «un muro, un bloque» contra aquellos a quienes calificó como «golpistas y vendepatrias». Este andamiaje legal, que se discutirá con la Asamblea Nacional —actualmente dominada por el Frente Sandinista—, busca asegurar que, «por mucha plata que les den los yanquis», no puedan atentar contra los logros sociales alcanzados por el gobierno.
Este anuncio se produce en el contexto de las reformas constitucionales de 2025, que ya ampliaron el período presidencial a seis años, crearon la figura de la copresidencia para Rosario Murillo y eliminaron los contrapesos institucionales, estableciendo que el Ejecutivo coordina al resto de los órganos del Estado. La oposición en el exilio, a través de la plataforma Renacer, ha advertido que esta medida confirma la concentración absoluta del poder y el despojo del derecho soberano de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes.
El fantasma de 2018: «La puñalada»
En su intervención, Ortega volvió a evocar la crisis de 2018 para justificar el giro autoritario. Recordó que, en ese año, sectores empresariales incumplieron un pacto de paz y, con fondos extranjeros, organizaron un intento de golpe de Estado que dejó una estela de violencia y muerte. «Recordemos como en el año 2018… la puñalada: organizaron el golpe, utilizaron fondos de los EE.UU. para llevar a jóvenes y adultos, para prepararlos, entrenarlos, armarlos y derrocar al Gobierno legítimo del Frente Sandinista», relató el mandatario.
El Gobierno sostiene que la respuesta de la Policía y voluntarios fue necesaria para despejar el país, aunque reconoció que «corrió sangre de jóvenes, de adultos, de mujeres, de niños». Organismos de derechos humanos, sin embargo, reportan que la represión de esas protestas dejó más de 300 muertos y que la versión oficial del «intento de golpe» es una narrativa utilizada para perseguir a la disidencia.
Un futuro sin comicios
Con este discurso, Ortega ha dejado en claro que la alternancia política mediante las urnas ha quedado descartada en el horizonte nicaragüense. Mientras la legislación vigente aún contemplaba teóricamente comicios para 2027, el anuncio del mandatario anticipa que las nuevas leyes buscarán cancelar cualquier proceso que no asegure la continuidad del régimen, como ha ocurrido con otros mecanismos democráticos desmantelados en los últimos años.
