El regreso silencioso del FMI en América Latina

Diecisiete países de la región mantienen programas activos con el Fondo, en un giro que combina fragilidad estructural y pugna geopolítica.

Tras casi veinte años de distanciamiento relativo, marcado por las heridas sociales del ciclo neoliberal de los ochenta y noventa y por el ascenso de gobiernos progresistas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a sentar sus reales en América Latina y el Caribe. Lo hace, sin embargo, sin el dramatismo de las crisis de antaño: su retorno se despliega mediante programas de endeudamiento renovados que, según un análisis del académico argentino Martín Abeles publicado en Tomorrow’s Affairs, no responden a una emergencia generalizada, sino a razones de orden estructural y a intereses geopolíticos de Estados Unidos.

Una presencia que abarca a más de la mitad del continente

El dato central del informe es elocuente: 17 de los 32 países de la región mantienen algún tipo de relación financiera con el organismo multilateral, y la cifra podría escalar a 19 si se concretan los acuerdos pendientes con Bolivia y Colombia. Para Abeles, esta expansión no es un accidente ni una consecuencia inevitable de una debacle económica regional, sino el resultado de una combinación de vulnerabilidades macroeconómicas de larga data y de una agenda estratégica que trasciende lo estrictamente financiero.

La reconstrucción histórica que propone el analista distingue dos fases nítidas. La primera coincidió con la pandemia de COVID-19, cuando 21 países de la región suscribieron acuerdos de financiación con el Fondo. La segunda se activó tras el inicio de la operación militar rusa en el conflicto ucraniano: en ese marco, diez naciones firmaron catorce acuerdos adicionales. Dos momentos de shock global que, en la práctica, sirvieron de puerta de entrada para un regreso sostenido.

Argentina y Ecuador concentran el grueso de los desembolsos

En términos de volumen, América Latina y el Caribe absorben el 44 % del financiamiento total del FMI. Pero la distribución interna es profundamente desigual: Argentina y Ecuador acumulan en conjunto 68.000 millones de dólares de los 74.000 millones que la institución destina a la región. Es decir, dos países concentran casi la totalidad de los recursos, mientras el resto queda sujeto a condicionalidades de distinto tipo.

«Una proporción sorprendentemente grande de los países de América Latina y el Caribe sigue sujeta a algún tipo de condicionalidad del FMI, ya sea a través de programas activos, requisitos previos de los mecanismos de préstamos preventivos o una deuda pendiente significativa», advierte Abeles en su análisis.

Estancamiento débil y dependiente

Esa realidad no se traduce en una crisis abierta, pero sí en lo que el académico describe como un «estancamiento débil y dependiente». El crecimiento económico regional se ha desacelerado de forma sostenida desde 2014 y, en la última década, se ha mantenido por debajo del 2 %. A ello se suma un aumento significativo del endeudamiento externo, que ha empujado a los gobiernos a adoptar políticas conservadoras para no perder la confianza de los inversionistas.

Los casos de México y Chile resultan paradigmáticos. Ambos mantienen líneas de crédito flexible con el Fondo, un instrumento reservado a países considerados políticamente muy estables y que, en la práctica, impone condiciones macroeconómicas aún más restrictivas que los paquetes tradicionales. El precio, señala el informe, ha sido un desempeño económico poco destacado durante la última década.

En el otro extremo se sitúan las naciones que han optado por una «austeridad autoimpuesta»: sin programas activos con el FMI, han adoptado su filosofía de disciplina fiscal y recorte del gasto público. Cuando esas medidas resultan insuficientes, el Fondo termina interviniendo de todos modos.

El factor geopolítico

El análisis subraya que las prioridades de préstamo del organismo han estado históricamente condicionadas por los intereses de los países que dominan sus estructuras de gobernanza, con Estados Unidos a la cabeza. En un contexto en el que el control sobre América Latina y el Caribe ha sido definido como prioridad estratégica de Washington, los movimientos financieros difícilmente son neutrales.

Un ejemplo que menciona el informe es Venezuela. Tras la acción militar estadounidense de enero pasado, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro, sus autoridades anunciaron conversaciones con el FMI para recuperar el acceso a los derechos especiales de giro, un activo de reserva de la institución, con el fin de atender a las víctimas del doblete sísmico que sacudió el centronorte del país en junio.

Otro indicio es el Escudo de las Américas: los países que integran la coalición militar impulsada por la Casa Blanca para combatir a los cárteles y al crimen organizado también mantienen vínculos de algún tipo con el Fondo.

La pregunta de fondo

Abeles no ofrece una respuesta definitiva, pero plantea el interrogante que atraviesa todo su análisis: ¿es la intervención del FMI una simple respuesta técnica a las fragilidades macroeconómicas o la región está entrando en una nueva fase donde la dependencia financiera y la alineación geopolítica se entrelazan cada vez más?

«Los minerales estratégicos, los recursos energéticos, los corredores logísticos y la infraestructura esencial se han convertido en campos de batalla clave en un panorama geopolítico cada vez más fragmentado», concluye el académico, para quien la pregunta, lejos de ser retórica, resulta hoy más pertinente que nunca.