Pentágono pide 1,5 billones y el sector privado gana peso
La propuesta para 2027 aún espera al Congreso, pero anticipa más gasto en armas, IA y drones en manos de contratistas privados como Boeing o Lockheed.
Un presupuesto récord que todavía no tiene luz verde
El proyecto de presupuesto del Departamento de Guerra de Estados Unidos para el año fiscal 2027 marca un hito: 1,5 billones de dólares, la cifra más alta jamás planteada para el aparato militar del país. Sin embargo, se trata de una propuesta y no de un gasto asegurado, ya que el Congreso aún no la ha aprobado.
El plan se divide en dos tramos. El primero, de 1,15 billones de dólares, seguiría el procedimiento presupuestario ordinario, que en la práctica exige reunir 60 votos en el Senado. El segundo, de 350.000 millones, se canalizaría mediante el mecanismo de conciliación, que permite avanzar con una mayoría simple de 51 votos. Hasta ahora, ninguna de las dos vías ha llegado a término, y el futuro de esos 350.000 millones sigue siendo una incógnita.
Aun así, incluso como borrador, el documento deja ver tendencias de fondo en la forma en que Washington concibe su poderío militar. Una de las más relevantes es el creciente protagonismo de las empresas privadas.
Contratistas: más de la mitad del gasto discrecional
Los datos históricos ayudan a dimensionar el fenómeno. Según el proyecto Costos de la Guerra, de la Universidad Brown, entre 2020 y 2024 las compañías privadas recibieron 2,4 billones de dólares en contratos del Pentágono. Esa cifra equivale al 54 % del gasto discrecional del departamento en ese período, frente al 41 % que representaban en la década de 1990.
La concentración es notable: solo cinco firmas —Lockheed Martin, RTX, Boeing, General Dynamics y Northrop Grumman— acumularon 771.000 millones de dólares en contratos.
Hacia dónde se dirige el dinero
La propuesta para 2027 podría profundizar esa dependencia. De acuerdo con la Oficina Presupuestaria del Congreso, el plan presidencial contempla elevar en 94.000 millones de dólares la partida de adquisiciones y en otros 75.000 millones la de investigación y desarrollo. Son precisamente los ámbitos en los que el Estado recurre en mayor medida a fabricantes privados de aviones, misiles, municiones, buques, drones y sistemas electrónicos.
El tramo de conciliación sigue la misma lógica. De los 350.000 millones solicitados, 113.000 millones se destinarían a la base industrial de defensa, y cerca de 103.000 millones a tecnologías de nueva generación y sistemas autónomos, entre ellos la inteligencia artificial y las herramientas contra drones.
Aunque el Congreso puede modificar de manera sustancial estas cifras, la arquitectura de la propuesta apunta a un nuevo desplazamiento del gasto público hacia los contratistas militares. No se trata solo de comprar más armamento: una parte cada vez mayor de las capacidades que Washington considera estratégicas, desde la fabricación de municiones hasta la inteligencia artificial y los sistemas autónomos, sería desarrollada y suministrada por compañías privadas.
Ganancias que llegan a la cúpula
Para los altos directivos del sector, el aumento de los contratos públicos puede traducirse en remuneraciones extraordinarias. Boeing, uno de los mayores proveedores del Pentágono, ofrece un ejemplo elocuente: en 2024, su entonces director ejecutivo, Dave Calhoun, percibió una compensación de aproximadamente 33,3 millones de dólares.
Esa retribución se produjo en un año de profunda crisis para la empresa. En enero, un Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines perdió en pleno vuelo un panel de una puerta de emergencia, lo que derivó en la inmovilización temporal del modelo y en una supervisión federal más estricta. Ese mismo año, la compañía anunció la eliminación de unos 17.000 empleos, alrededor del 10 % de su plantilla, en medio de problemas de producción, pérdidas financieras y una prolongada huelga.
El contraste entre los recortes que golpearon a miles de trabajadores y el pago multimillonario a su máximo ejecutivo ilustra la magnitud de las ganancias que pueden concentrarse en la cima de las grandes corporaciones del sector.
Una pregunta de fondo: ¿qué seguirá siendo estatal?
Por todo ello, el debate en torno a los 1,5 billones de dólares trasciende el tamaño del presupuesto militar. Plantea una cuestión más amplia: qué porción del aparato del Departamento de Guerra permanecerá bajo control directo del Estado y cuál dependerá cada vez más de empresas privadas, cuyos ingresos y decisiones estarán ligados a un gasto público en constante expansión.
