Trump aprieta el cerco fiscal a Soros y ONG afines
El Tesoro y el IRS preparan una auditoría que podría despojar a Open Society, el SPLC y CAIR de su exención de impuestos
Washington vive el arranque de una nueva batalla entre el Gobierno de Donald Trump y el entramado de organizaciones no gubernamentales vinculadas a causas progresistas. Según una investigación publicada por el diario neoyorquino New York Post y sustentada en tres fuentes independientes, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) estarían ultimando los preparativos para retirar el estatus de exención fiscal a varias organizaciones sin fines de lucro etiquetadas como de izquierda, entre ellas la Open Society Foundations del magnate George Soros.
Una ofensiva con respaldo presidencial
De acuerdo con la información recabada por el rotativo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, junto con el IRS, evalúa revocar el estatus libre de impuestos de organizaciones progresistas como la Open Society Foundations de George Soros, el Southern Poverty Law Center (SPLC) y el Council on American-Islamic Relations (CAIR). El movimiento no sería un hecho aislado, sino parte de una campaña respaldada por Trump contra entidades benéficas que la Casa Blanca considera «fraudulentas», mientras funcionarios del Tesoro trabajan en una auditoría de gran alcance sobre organizaciones que, a su juicio, hacen un uso indebido del código tributario federal.
El diseño de la iniciativa no sería improvisado. Según los mismos informantes, el círculo cercano de Bessent estaría redactando un plan que, en última instancia, podría despojar a las organizaciones incumplidoras de su condición 501(c)(3), la categoría que ampara a las entidades sin fines de lucro en Estados Unidos. Un dato llamativo de este capítulo es el pasado profesional del propio Bessent: antes de asumir el cargo en el Tesoro, trabajó para Soros Fund Management, la firma de inversión del magnate húngaro-estadounidense, lo que ha llevado a varios medios a describir la ofensiva como un giro contra su antiguo empleador.
Los antecedentes: una orden ejecutiva firmada el año pasado
El fundamento legal de la pesquisa no nace de la nada. La investigación se apoya en parte en una orden ejecutiva firmada por Trump el año pasado, dirigida contra organizaciones sin fines de lucro que incurran en un «propósito sustancialmente ilegal». Ese decreto identificó como conductas sancionables el apoyo a violaciones de la ley migratoria, el respaldo al terrorismo, la participación en violencia política, la facilitación de prácticas discriminatorias o la reincidencia en infracciones estatales como allanamiento, alteración del orden público, vandalismo, molestia pública u obstrucción de vías.
Con ese marco como argumento, el Tesoro parecería dispuesto a activar el mecanismo contra las tres organizaciones señaladas. En el caso de Open Society, las pesquisas se apoyarían en señalamientos de que parte de sus fondos habría llegado a grupos vinculados con protestas violentas y activismo asociado a Antifa. La fundación, de acuerdo con reportes adicionales sobre el caso, ha canalizado históricamente recursos hacia organizaciones no gubernamentales progresistas, activismo migratorio, programas de diversidad, litigios climáticos y otras causas que suelen coincidir con la agenda de la izquierda estadounidense y europea, incluyendo financiamiento que ha llegado a colectivos ligados a Black Lives Matter, activismo palestino y campañas contra la deportación de inmigrantes indocumentados.
No es la primera señal pública de que el Tesoro trabaja en este expediente. Según recogió el semanario digital WND, Bessent ya había confirmado en octubre, durante una aparición en el programa de Charlie Kirk, que el trabajo para elaborar la lista de organizaciones bajo escrutinio había comenzado.
El impacto financiero calculado
Más allá del componente político, la maniobra tendría un correlato económico considerable. Un análisis del propio New York Post, citado por el portal The Gateway Pundit, estimó que Open Society, el SPLC y diecisiete capítulos de CAIR habrían enfrentado en conjunto cerca de 165 millones de dólares en impuestos corporativos federales correspondientes a 2024, de haber tributado sus ingresos declarados a la tasa ordinaria del 21 %. El grueso de esa factura hipotética recaería sobre la red de Soros: unos 163,6 millones de dólares corresponderían a Open Society, mientras el SPLC afrontaría alrededor de 354.000 dólares y los capítulos de CAIR, cerca de 860.000 dólares en conjunto.
Las consecuencias, de concretarse la revocación, no se limitarían a la pérdida del beneficio fiscal a futuro. Según el reporte original, las organizaciones investigadas podrían verse obligadas a pagar impuestos atrasados, afrontar sanciones civiles y, eventualmente, tributar de forma permanente bajo la tasa corporativa federal estándar del 21 %.
Resistencia legal y un frente que ya se libra en los tribunales
La ofensiva del Tesoro no llega sin oposición. De acuerdo con el sitio The Right Scoop, la organización legal progresista Protect Democracy demandó este año al Departamento del Tesoro y al IRS, acusando a la administración de utilizar de forma ilegal el sistema tributario como arma contra sus adversarios políticos. La causa judicial anticipa que cualquier intento de revocación formal podría enfrentar una batalla prolongada en las cortes antes de hacerse efectiva.
El caso de CAIR, por su parte, arrastra un historial de señalamientos previos. El senador republicano Tom Cotton reclamó en su momento al IRS que retirara el estatus de la organización musulmana, argumentando presuntos vínculos con estructuras señaladas por financiamiento al terrorismo, un expediente que se remonta al caso de la Holy Land Foundation, en el que CAIR figuró como coconspirador no acusado.
Ni el Tesoro ni la Casa Blanca han emitido, hasta el momento, un pronunciamiento oficial que confirme de manera formal el alcance definitivo de la auditoría, aunque las fuentes consultadas por el New York Post coinciden en que el proceso se encuentra en una fase avanzada de deliberación interna. De concretarse, la medida representaría uno de los golpes más directos de la Casa Blanca contra el entramado filantrópico progresista desde el inicio del actual mandato de Trump.
