México: Soberanía y debido proceso ante el caso Rocha Moya
El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa desata un debate sobre soberanía y debido proceso que trasciende al propio funcionario.
La Delgada Línea entre Justicia y Sumisión
El pasado fin de semana, el panorama político mexicano fue testigo de un movimiento que pocos esperaban y muchos cuestionan. Veintitrés gobernadores de Morena emitieron un pronunciamiento conjunto contra el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, solicitándole actuar con «madurez», «responsabilidad» y «congruencia» ante las acusaciones formuladas por Estados Unidos en su contra .
Lo que en apariencia podría interpretarse como un gesto de rectitud política, esconde un peligroso precedente que amenaza con socavar los cimientos del Estado de derecho en México. La pregunta que debemos formularnos no es si Rocha Moya es culpable o inocente —eso corresponde determinarlo a los tribunales—, sino si estamos dispuestos a permitir que una acusación extranjera, por sí sola, determine la viabilidad política de un funcionario mexicano.
El Principio Fundamental que se Desvanece
«Una acusación no es una sentencia. Ni siquiera cuando la acusación viene escrita en inglés, lleva membrete estadounidense y la firma un fiscal de Washington.»
Este principio, que debiera ser incuestionable en cualquier democracia que se respete, parece diluirse cuando la presión proviene del norte. Rubén Rocha Moya solicitó licencia por 112 días mientras se desarrollaban las investigaciones. Estados Unidos formuló acusaciones graves en su contra, y México abrió su propia investigación. Hasta ahí, todo transcurre dentro de los cauces institucionales previstos.
El problema surge cuando la mera existencia de una acusación —no una condena, insisto— se convierte en el factor determinante para exigir la salida de un funcionario electo democráticamente.
El Efecto Dominó que Nadie Quiere Ver
Hoy es Rubén Rocha Moya. Mañana podría ser Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Marina del Pilar Ávila, Alfredo Ramírez Bedolla o Clara Brugada. Pasado mañana, cualquier funcionario federal que ose incomodar los intereses de Washington.
Si establecemos el precedente de que una acusación estadounidense basta para forzar la salida política de un gobernador mexicano, hemos creado un mecanismo extraordinariamente sencillo para intervenir en nuestra política interna.
El gobierno de Donald Trump ya ha anunciado que el T-MEC no se renovará, sino que se revisará anualmente, generando incertidumbre económica que analistas advierten podría dañar la relación con nuestro principal socio comercial . En este contexto de tensión bilateral, ceder ante presiones externas en materia política envía una señal de debilidad que difícilmente pasará inadvertida.
La Gasolina en el Incendio
El pronunciamiento de los 23 gobernadores morenistas resulta especialmente preocupante porque, en lugar de defender el debido proceso y la soberanía nacional, optaron por un discurso que parece validar la premisa de que una acusación extranjera equivale a una condena política.
¿Dónde quedó el principio de que «México no es piñata de nadie», como acertadamente lo expresó la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Dónde quedó la defensa de nuestras instituciones? ¿Dónde quedó la presunción de inocencia?
Un pronunciamiento que dijera: «Respaldamos plenamente a la presidenta, respetamos las instituciones mexicanas y exigimos que cualquier acusación contra un servidor público sea investigada conforme a derecho» habría defendido simultáneamente a la Presidenta, al Estado mexicano y al debido proceso. Pero no fue eso lo que ocurrió.
El Costo Político de la Imprudencia
Al exigir a Rocha Moya «madurez» y «responsabilidad» antes de que exista una sentencia, los gobernadores de Morena no solo abandonaron a uno de los suyos, sino que le entregaron a la oposición un argumento de peso para cuestionar la solidez del proyecto de la Cuarta Transformación.
El costo político de esta decisión apenas comienza a calcularse. Las críticas no se harán esperar, y cuando los «ladridos» de la oposición se escuchen, no podrán quejarse quienes, en su afán por apagar un incendio, decidieron llevarle gasolina.
La Ruta Correcta
Si Estados Unidos posee pruebas contra Rocha Moya, que las presente mediante los mecanismos jurídicos correspondientes. México tiene instituciones para investigar, detener, procesar y extraditar cuando jurídicamente proceda. Si Rocha es culpable, que pague. Pero que sea un juez, no la presión política ni la influencia extranjera, quien determine su destino.
Permitir que una acusación extranjera produzca automáticamente una condena política dentro de México abre una puerta peligrosísima para nuestra soberanía. No se trata de defender a Rocha Moya; se trata de defender el principio de que en México, la justicia se imparte en los tribunales, no en los comunicados políticos ni en las presiones diplomáticas.
A Modo de Conclusión
El caso de Rubén Rocha Moya nos enfrenta a una encrucijada fundamental: ¿somos un país soberano capaz de procesar sus propios asuntos de justicia, o hemos decidido delegar esa facultad en Washington?
Las decisiones que se tomen en los próximos días sentarán precedente para las décadas venideras. Si permitimos que una acusación extranjera defina quién puede o no gobernar en México, habremos renunciado a un principio esencial de nuestra soberanía. Y entonces, como bien lo advertía, no importará si hoy están de acuerdo con que se aplique contra alguien que no les gusta; mañana podría aplicarse contra alguien que sí les importa.
La defensa de la soberanía no es un acto de nacionalismo trasnochado; es la condición indispensable para que la justicia y la democracia funcionen en nuestro país.
Análisis original por: Don Diego de la Vega
