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Sheinbaum fija límites a EE. UU. en cooperación de seguridad

La presidenta advierte que los acuerdos de seguridad con Washington son facultad federal, tras la controversia por una academia policial en Querétaro.

Una reunión empresarial con trasfondo político

El gobierno de México recibió en Palacio Nacional a una delegación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México (American Chamber), encabezada por el embajador estadounidense, Ronald Johnson. El encuentro duró más de dos horas. Participaron representantes del sector privado y miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). La agenda oficial incluyó comercio e inversiones estratégicas, pero el ambiente estuvo marcado por una discusión reciente sobre quién decide la cooperación en seguridad con Washington.

El proyecto de Querétaro que encendió la polémica

Pocos días antes, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, había participado junto al embajador Johnson en el arranque de obra de una academia internacional de capacitación policial. El proyecto cuenta con recursos de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL). Fue presentado como el primero de su tipo en América Latina.

La iniciativa incomodó al Ejecutivo federal. Desde su perspectiva, los asuntos vinculados con el crimen organizado son delitos del fuero federal, por lo que no pueden gestionarse por una vía estatal. El gobierno de Querétaro sostuvo que avisó con anticipación a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la visita del diplomático. Desde Palacio Nacional respondieron que un aviso de cortesía no equivale a la autorización institucional que exigen los proyectos de cooperación en seguridad con otro país.

La política exterior es del Ejecutivo federal

En sus conferencias matutinas, la presidenta Claudia Sheinbaum citó el artículo 89 de la Constitución. Esa norma establece que la conducción de la política exterior y la celebración de tratados internacionales corresponden al titular del Poder Ejecutivo federal.

Con ese fundamento, el gobierno precisó que existen proyectos previos de cooperación técnica. Aclaró, sin embargo, que cualquier iniciativa internacional de carácter estratégico debe ser revisada y aprobada por el gabinete de seguridad. El mensaje fue que no deben abrirse canales paralelos entre gobiernos estatales y autoridades extranjeras.

Diálogo abierto en materia económica

Las diferencias en seguridad no cerraron la puerta al diálogo comercial. La visita de la delegación permitió mantener abiertas las conversaciones sobre la relación económica bilateral. Entre las prioridades de México está la revisión de los aranceles que afectan a los sectores automotriz y del acero, dos industrias clave para el empleo en el país.

El gobierno mexicano también llevó a la mesa cifras recientes sobre migración y control del tráfico de fentanilo. Con ello busca reforzar una postura firme que combine los intereses comerciales con la defensa de la soberanía nacional.

Un mensaje de doble vía

El episodio deja ver la estrategia del gobierno federal. Por un lado, mantiene la apertura hacia la inversión y el comercio con Estados Unidos. Por otro, insiste en que los acuerdos de seguridad, los más sensibles de la relación bilateral, se negocian desde la federación y no desde los estados.

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