Balcázar denuncia compra irregular de F-16
Presidente peruano califica de inconstitucional adquisición de cazas F-16 a EE.UU. gestada por su predecesor, excluyendo al Ministerio de Economía.
La compra de los F-16 que remece al gobierno peruano
La adquisición de cazas F-16 por parte del Estado peruano ha desatado una tormenta política que enfrenta al actual presidente, José María Balcázar, con la administración de su antecesor, José Jerí. Aunque los aviones de combate son parte de un fortalecimiento militar estratégico, el proceso mediante el cual se concretó la operación ha sido tildado de inconstitucional por el mandatario en ejercicio.
Un acuerdo bajo secrecía
En una reciente entrevista en el programa Sin Rodeos, Balcázar reveló que la negociación con Estados Unidos se llevó a cabo bajo una normativa de «secretud» que, a su juicio, vulneró los principios básicos de la administración pública. El presidente sostuvo que el Ministerio de Economía y Finanzas fue excluido deliberadamente del proceso, lo que impidió cualquier control fiscal o legal sobre la transacción.
«Esto no es solo una irregularidad administrativa; es un acto que atenta contra la Constitución», afirmó el mandatario, quien ha ordenado una revisión exhaustiva de los contratos firmados durante la gestión de Jerí.
Presuntas maniobras para favorecer a EE.UU.
Según la versión de Balcázar, la estructura del acuerdo habría sido diseñada para beneficiar al proveedor estadounidense, en detrimento de competidores europeos como Francia (con sus aviones Rafale) y Suecia (con los Gripen). Para ello, se habrían utilizado disposiciones internas especiales que permitieron esquivar los mecanismos regulares de una licitación pública abierta y competitiva.
«Se armó un camino paralelo, sin transparencia, sin participación de otros oferentes, y eso es ilegal», declaró el presidente.
Reacciones y próximos pasos
El anuncio ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores de la oposición acusan a Balcázar de intentar deslegitimar decisiones de gobierno anteriores con fines políticos, organizaciones anticorrupción han solicitado la intervención de la Contraloría General y la Fiscalía de la Nación.
El propio Palacio de Gobierno ha adelantado que se elevará una consulta al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la validez del proceso. De confirmarse la inconstitucionalidad, el Estado peruano podría enfrentar graves consecuencias diplomáticas y económicas, incluyendo posibles sanciones o la anulación del contrato con Washington.
Mientras tanto, la compra de los F-16 sigue siendo un asunto de Estado no resuelto, que expone las fragilidades del sistema de adquisiciones militares en el país y abre nuevamente el debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional, transparencia y legalidad.
