Luis Arce se declara inocente y denuncia persecución política
El expresidente de Bolivia, Luis Arce, se declaró este viernes “absolutamente inocente” de los cargos que la Fiscalía General del Estado presentó en su contra, durante su comparecencia ante un juez anticorrupción en la audiencia de medidas cautelares. En un alegato enfático, el exmandatario sostuvo que el proceso judicial responde a motivaciones políticas y a la coyuntura que atraviesa el actual Gobierno.
Arce afirmó que las acusaciones buscan convertirlo en un “chivo expiatorio” para encubrir problemas de mayor fondo y lamentó la rapidez con la que, según dijo, se armó el caso en su contra. “En menos de 24 horas se elaboró todo esto para llevar adelante una persecución y una aprehensión absolutamente ilegal”, expresó ante el tribunal.
El exjefe de Estado cuestionó la forma en la que fue detenido, asegurando que nunca recibió una citación previa y que, de haber existido, habría acudido voluntariamente a declarar. Según su testimonio, fue interceptado por personas encapuchadas que no le mostraron una orden de aprehensión, situación que describió como potencialmente peligrosa. “Podía haber sido un secuestro o cualquier situación absolutamente irregular”, relató, al tiempo que explicó que fue trasladado entre varios vehículos antes de conocer formalmente los motivos de su detención.
Pese a estos argumentos, el juez anticorrupción Elmer Laura ordenó cinco meses de prisión preventiva, que Arce deberá cumplir en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz. El magistrado justificó la medida señalando que el daño económico atribuido al caso es “grave” y lo cuantificó en aproximadamente 40.000 millones de bolivianos, equivalentes a unos 5.800 millones de dólares.
La decisión judicial se enmarca en una investigación por un presunto desfalco millonario al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc). La Fiscalía acusa a Arce de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, presuntamente cometidos cuando se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas, cargo desde el cual tenía control sobre dicho fondo.
Durante la audiencia, la defensa del exmandatario argumentó que no existía riesgo de fuga ni de obstaculización de la investigación, ya que Arce cuenta con vivienda conocida y actividad laboral en el país. Sin embargo, la parte acusadora insistió en que la detención preventiva era necesaria para garantizar el desarrollo del proceso.
El caso ha generado un intenso debate político y jurídico en Bolivia, al involucrar a una figura central de la vida pública reciente del país. Mientras la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación, Arce y su entorno denuncian un uso político de la justicia, abriendo un nuevo capítulo de confrontación en el escenario nacional.
