Bitcoin City: la ciudad futurista de Bukele sigue sin construirse
A cinco años de su anuncio, la megaproyecto financiado con bonos bitcóin permanece sin concretarse, mientras El Salvador modifica su estrategia económica y reduce el protagonismo de las criptomonedas.
El ambicioso proyecto de construir una ciudad futurista financiada con bitcóin, alimentada por energía geotérmica y con un régimen fiscal prácticamente libre de impuestos continúa sin materializarse en El Salvador. A cinco años de que el presidente Nayib Bukele presentara oficialmente la iniciativa, conocida como Bitcoin City, la propuesta permanece detenida, sin infraestructura urbana, sin los recursos financieros anunciados y sin un calendario público que permita anticipar su construcción.
La iniciativa fue presentada en noviembre de 2021 como una de las apuestas más arriesgadas del mandatario salvadoreño para transformar la economía nacional y posicionar al pequeño país centroamericano como un referente internacional de las inversiones en criptomonedas.
Sin embargo, el paso del tiempo, las dificultades para conseguir financiamiento, la limitada adopción del bitcóin entre la población y los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) terminaron modificando sustancialmente el escenario que originalmente había planteado el Gobierno.
Lo que se anunció como una nueva metrópoli capaz de atraer capital extranjero y convertirse en un símbolo de la economía digital permanece, hasta noviembre de 2026, como una propuesta arquitectónica que no ha pasado de los planos y las maquetas.
Una apuesta millonaria para transformar El Salvador
El 20 de noviembre de 2021, durante una conferencia dedicada al bitcóin realizada en la playa de Mizata, Nayib Bukele sorprendió a los asistentes al presentar los planes para construir una ciudad completamente nueva en las inmediaciones del volcán de Conchagua, en el departamento de La Unión, cerca del golfo de Fonseca.
El anuncio llegó apenas dos meses después de que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en reconocer al bitcóin como moneda de curso legal.
La propuesta buscaba aprovechar el interés internacional por los activos digitales para atraer inversionistas, empresas tecnológicas y emprendedores relacionados con el sector de las criptomonedas.
Bukele planteó que la ciudad sería financiada mediante instrumentos financieros respaldados por bitcóin y que su funcionamiento dependería de fuentes de energía renovable, principalmente del potencial geotérmico del volcán.
La intención era construir un centro urbano capaz de combinar tecnología, infraestructura moderna, inversión privada y un modelo económico con una carga fiscal considerablemente menor a la de otros territorios.
El mandatario presentó la iniciativa como una oportunidad para impulsar el desarrollo económico de la región oriental del país y convertir a El Salvador en un destino estratégico para los negocios digitales.
Una metrópoli circular inspirada en el símbolo del bitcóin
Uno de los elementos que más llamó la atención del proyecto fue su diseño arquitectónico. La ciudad tendría una distribución circular inspirada en el símbolo de la criptomoneda, con edificios residenciales, centros comerciales, espacios públicos, áreas recreativas y amplias zonas verdes.
En mayo de 2022, Bukele difundió imágenes de una maqueta elaborada por el arquitecto mexicano Fernando Romero, en las que se apreciaba una urbe de apariencia futurista, integrada visualmente con el entorno natural.
La propuesta contemplaba un modelo de desarrollo urbano en el que los habitantes tendrían importantes beneficios fiscales. Entre ellos destacaba la eliminación de impuestos sobre la renta y las propiedades, mientras que el impuesto al valor agregado (IVA) sería prácticamente la principal fuente de recaudación.
Otro de los componentes fundamentales sería el aprovechamiento de la energía geotérmica procedente del volcán de Conchagua.
Esta fuente energética no solamente permitiría abastecer los servicios de la ciudad, sino también proporcionar electricidad a los equipos informáticos utilizados para la minería de bitcóin, una actividad que requiere importantes cantidades de energía.
Con esta combinación de infraestructura, incentivos tributarios y tecnología, el Gobierno pretendía construir un ecosistema económico capaz de atraer inversiones internacionales.
No obstante, la materialización de semejante infraestructura dependía de un mecanismo financiero que nunca llegó a ponerse en marcha.
Los bonos volcán: el financiamiento que nunca apareció
El principal instrumento para financiar Bitcoin City sería una emisión de bonos por mil millones de dólares, conocidos internacionalmente como bonos volcán.
El esquema contemplaba destinar aproximadamente la mitad de los recursos a la adquisición de bitcoines, mientras que el resto se utilizaría para financiar la construcción de infraestructura y otros componentes relacionados con el desarrollo de la ciudad.
La operación representaba una de las apuestas financieras más importantes del Gobierno salvadoreño, pues pretendía vincular directamente el mercado de criptomonedas con el financiamiento de proyectos públicos de gran escala.
Inicialmente, la colocación de estos instrumentos estaba prevista para 2022. Sin embargo, las condiciones del mercado y las dificultades para concretar la operación provocaron sucesivos aplazamientos.
Posteriormente, las autoridades volvieron a plantear la posibilidad de emitirlos en 2024, pero tampoco se concretó.
En enero de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley de Emisión de Activos Digitales con el propósito de establecer un marco legal para facilitar este tipo de operaciones y generar condiciones para atraer capital relacionado con los activos digitales.
Pese a estos avances normativos, el financiamiento anunciado nunca se materializó. Hasta octubre de 2026, los bonos volcán continuaban sin emitirse y no existían evidencias públicas de que la construcción de Bitcoin City hubiera comenzado.
La ausencia de recursos financieros dejó sin sustento económico uno de los principales pilares de la propuesta presidencial.
Inversionistas que creyeron en la promesa presidencial
El anuncio de Bitcoin City generó expectativas entre integrantes de la comunidad internacional de criptomonedas. Algunos entusiastas incluso decidieron trasladarse a El Salvador con la esperanza de formar parte de la futura ciudad.
Uno de los casos que recibió atención fue el del estadounidense Corbin Keegan, quien dejó Chicago para instalarse en Playa Blanca, una localidad cercana al volcán de Conchagua.
En febrero de 2024, Keegan continuaba viviendo en una modesta vivienda de pescadores, convencido de que la construcción de la metrópoli podría convertirlo en uno de sus primeros habitantes.
Su historia reflejaba el entusiasmo que había despertado la iniciativa entre algunos inversionistas y simpatizantes del proyecto.
Aunque regresó temporalmente a Estados Unidos durante 2024, en febrero de 2025 volvió a El Salvador, de acuerdo con información publicada por CriptoNoticias.
Su caso se convirtió en una muestra de las expectativas que todavía persistían alrededor de la ciudad, pese a que las obras no habían comenzado.
Sin embargo, no existe información pública reciente que permita confirmar si continúa residiendo en las inmediaciones del volcán o si finalmente abandonó su expectativa de establecerse en Bitcoin City.
El aeropuerto del Pacífico y las controversias por el desplazamiento de familias
Aunque Bitcoin City no pasó de los diseños arquitectónicos, una de las obras de infraestructura relacionadas con la estrategia de desarrollo de la zona sí comenzó a ejecutarse: el Aeropuerto Internacional del Pacífico.
La terminal aérea fue presentada como una pieza importante para mejorar la conectividad de la región oriental y facilitar la llegada de turistas, empresarios e inversionistas interesados en los proyectos económicos impulsados por el Gobierno.
Sin embargo, su construcción también estuvo acompañada de cuestionamientos sociales relacionados con la adquisición de terrenos y el desplazamiento de habitantes de comunidades cercanas.
De acuerdo con los antecedentes del proyecto, alrededor de 225 familias de Flor de Mangle y El Condadillo resultaron afectadas por el proceso de adquisición de tierras.
Desde octubre de 2022, campesinos de ambas comunidades denunciaron presuntas intimidaciones y amenazas durante las negociaciones con las autoridades para obtener sus propiedades.
Los habitantes también expresaron inconformidad por las compensaciones económicas ofrecidas, al considerar que el dinero recibido no necesariamente garantizaría su estabilidad a largo plazo.
Uno de los testimonios más representativos fue el de Santos Cruz, agricultor al que le ofrecieron ocho mil dólares por cada manzana de terreno.
El campesino manifestó su preocupación por las consecuencias económicas de abandonar las actividades agrícolas que durante años habían sostenido a su familia.
«El dinero se nos acaba y luego nos quedamos sin empleo», advirtió en declaraciones relacionadas con el proceso.
En contraste, las autoridades salvadoreñas proyectaban que el aeropuerto podría generar aproximadamente 50 mil empleos durante sus primeros diez años de funcionamiento.
El contraste entre las expectativas de desarrollo económico y las preocupaciones de las comunidades evidenció uno de los principales desafíos de los proyectos de infraestructura en la región: lograr que las inversiones también se traduzcan en beneficios sostenibles para la población local.
La adopción del bitcóin no alcanzó las expectativas
Otro factor que debilitó el planteamiento original de Bitcoin City fue la limitada incorporación de la criptomoneda a las actividades económicas cotidianas de los salvadoreños.
Cuando Bukele anunció su estrategia, el Gobierno esperaba que el bitcóin se convirtiera progresivamente en una alternativa para realizar pagos, recibir remesas y facilitar transacciones comerciales.
La realidad mostró un panorama diferente.
Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), publicada en enero de 2025, reveló que el 91.9 por ciento de las personas consultadas no había utilizado bitcóin para comprar o pagar algún producto o servicio durante 2024.
Dentro de ese grupo, el 15.7 por ciento manifestó que nunca había utilizado la criptomoneda.
Los resultados reflejaron las dificultades para convertir una política impulsada desde el Gobierno en una herramienta de uso cotidiano para la mayoría de la población.
El propio Nayib Bukele reconoció esta situación durante una entrevista concedida a la revista Time en agosto de 2024, cuando admitió que la adopción del bitcóin no había alcanzado los niveles que esperaba su administración.
La situación también quedó reflejada en el comportamiento de las remesas familiares, uno de los pilares fundamentales de la economía salvadoreña.
Aunque el Gobierno había considerado que las criptomonedas podrían facilitar el envío de dinero desde el extranjero, los mecanismos tradicionales continuaron dominando este mercado.
Datos del Banco Central de Reserva, citados por Diario El Salvador, indicaron que entre enero y abril de 2026 solamente el 0.7 por ciento de las remesas recibidas en el país llegó mediante billeteras de criptomonedas.
Esta cifra evidenció la distancia entre las expectativas iniciales de la estrategia gubernamental y las preferencias reales de los usuarios.
El acuerdo con el FMI cambió el rumbo de la política económica
Uno de los acontecimientos que más influyó en la transformación de la política salvadoreña sobre las criptomonedas fue el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 2024.
El convenio permitió a El Salvador acceder a un programa de financiamiento por mil 400 millones de dólares, sujeto al cumplimiento de compromisos económicos y financieros.
Entre las condiciones relacionadas con el sector de las criptomonedas se encontraba la necesidad de modificar el marco legal que había convertido al bitcóin en moneda de curso legal.
En enero de 2025, el Gobierno promovió una reforma a la Ley Bitcoin que eliminó la obligatoriedad de aceptar esta criptomoneda en las transacciones comerciales.
A partir de ese cambio, su utilización pasó a ser voluntaria, lo que representó una modificación importante respecto al modelo establecido en 2021.
Asimismo, el Estado avanzó en la reducción de su participación directa en determinadas actividades relacionadas con el ecosistema de activos digitales.
Entre las decisiones adoptadas destacó la transferencia de la participación mayoritaria y del control de la billetera estatal Chivo Wallet a un operador privado.
Estos cambios reflejaron una reorientación de la política económica salvadoreña, que pasó de impulsar una adopción obligatoria del bitcóin a limitar el papel del Estado en su utilización cotidiana.
El giro también dejó en evidencia las dificultades para sostener financieramente una estrategia que había sido presentada como uno de los principales motores de transformación económica del país.
El Salvador mantiene sus reservas de bitcóin, pero con nuevas restricciones
A pesar de las modificaciones introducidas en su política económica, el Gobierno de Bukele no abandonó completamente su apuesta por los activos digitales.
El país continuó manteniendo reservas de bitcóin. Según los registros de la Oficina Nacional de Bitcóin, en octubre de 2026 las tenencias salvadoreñas ascendían aproximadamente a siete mil 800 unidades de esta criptomoneda.
Sin embargo, la continuidad de estas reservas se encuentra condicionada por los compromisos asumidos con el FMI.
El organismo internacional informó el 1 de octubre de 2026 que las autoridades salvadoreñas se habían comprometido a no incrementar sus tenencias de bitcóin, salvo por las donaciones documentadas, además de reducir la participación estatal en las actividades vinculadas con este sector.
La disposición representa una diferencia importante respecto a la estrategia original, que contemplaba utilizar las criptomonedas como eje de un modelo económico alternativo y como instrumento para atraer inversiones internacionales.
Ahora, el desafío del Gobierno consiste en mantener su posicionamiento dentro del ecosistema digital sin comprometer los acuerdos financieros alcanzados con los organismos internacionales.
Bitcoin City: una promesa que todavía no tiene fecha de construcción
Cinco años después de su presentación, Bitcoin City permanece como uno de los proyectos más emblemáticos de la administración de Nayib Bukele, tanto por su ambición como por las interrogantes que dejó su falta de ejecución.
La iniciativa prometía construir una ciudad inteligente alrededor de la energía geotérmica, impulsar la minería de criptomonedas, ofrecer incentivos fiscales y atraer miles de millones de dólares en inversiones.
Sin embargo, ninguno de sus principales componentes ha logrado materializarse en los términos originalmente anunciados.
Los bonos volcán no llegaron al mercado, la ciudad no comenzó a construirse y la utilización del bitcóin como herramienta de pago quedó muy por debajo de las expectativas gubernamentales.
A ello se sumaron los cambios legislativos derivados del acuerdo con el FMI y las restricciones relacionadas con la participación del Estado en el mercado de las criptomonedas.
Aunque el Gobierno salvadoreño no ha anunciado oficialmente la cancelación definitiva de Bitcoin City, tampoco existe un calendario público verificable que permita conocer cuándo podrían comenzar las obras o bajo qué esquema financiero se desarrollaría el proyecto.
La historia de esta iniciativa representa un ejemplo de las dificultades que enfrentan los gobiernos cuando buscan transformar propuestas tecnológicas ambiciosas en proyectos económicos sostenibles.
Por ahora, la ciudad que Bukele imaginó como un referente mundial de la economía digital continúa existiendo principalmente en representaciones arquitectónicas y anuncios presidenciales.
El proyecto que pretendía colocar a El Salvador en el futuro de las criptomonedas sigue esperando su primer paso hacia la realidad.
