El Gobierno federal anuncia una estrategia jurídica nacional e internacional para exigir responsabilidades por el fallecimiento de 17 mexicanos bajo custodia migratoria o durante operativos en Estados Unidos.

México endurece su postura ante las muertes de connacionales en EE.UU.

El Gobierno de México anunció el inicio de una amplia estrategia legal para exigir responsabilidades por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o durante operativos migratorios realizados en territorio estadounidense.

La decisión representa un cambio en la respuesta diplomática mexicana, al pasar de las protestas formales y el acompañamiento consular a una ofensiva jurídica que buscará involucrar tanto a autoridades estadounidenses como a empresas privadas responsables de la operación de centros de detención.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Roberto Velasco explicó que la administración federal recibió instrucciones directas para emprender acciones legales con el objetivo de esclarecer los hechos y procurar justicia para las víctimas y sus familias.

Gobierno prepara denuncias en México y Estados Unidos

El titular de la política exterior mexicana informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará el respaldo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias que permitan dar seguimiento a los casos tanto en territorio mexicano como ante las instancias correspondientes en Estados Unidos.

Las acciones estarán dirigidas a investigar la muerte de 14 mexicanos ocurridas dentro de centros de detención migratoria y otros tres fallecimientos registrados durante operativos de control migratorio.

De acuerdo con la estrategia presentada, las denuncias serán promovidas ante fiscalías estatales estadounidenses y ante el Departamento de Justicia de ese país, con el propósito de identificar y sancionar a quienes pudieran resultar responsables.

Demandarán a empresas que administran centros de detención

Uno de los elementos más relevantes del nuevo plan consiste en la presentación de acciones civiles contra las compañías privadas encargadas de operar algunos centros de detención donde fallecieron ciudadanos mexicanos.

Las autoridades mexicanas también enviarán requerimientos formales para exigir modificaciones inmediatas a las condiciones que consideran contrarias a los derechos humanos de las personas migrantes.

El Gobierno sostiene que dichas medidas buscan prevenir nuevos casos y fortalecer los mecanismos de protección para quienes permanecen bajo custodia migratoria.

México recurrirá a organismos internacionales

La estrategia no se limitará al ámbito judicial.

La administración federal informó que trabajará de manera coordinada con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer las gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo al que solicitarán mantener el seguimiento de los expedientes relacionados con las muertes de mexicanos.

Paralelamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzará el diálogo institucional con el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para colocar este tema como una prioridad permanente en la agenda bilateral.

La defensa de los derechos humanos será el eje central

Roberto Velasco afirmó que la protección de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero continuará siendo el principio rector de la política consular del país.

El funcionario señaló que las nuevas acciones legales forman parte de una estrategia integral cuyo propósito es garantizar verdad, justicia y reparación para las familias afectadas, además de impulsar mejoras en el trato que reciben los migrantes mexicanos bajo custodia estadounidense.

Añadió que este asunto ocupará un lugar prioritario en las conversaciones oficiales entre ambos gobiernos.

De las protestas diplomáticas a una estrategia jurídica

Antes del anuncio de este jueves, México había mantenido una respuesta basada principalmente en mecanismos diplomáticos.

Entre las acciones emprendidas se encuentran el acompañamiento legal y humanitario a las familias de las víctimas, la emisión de once notas diplomáticas de protesta dirigidas al Gobierno estadounidense y diversas gestiones ante organismos internacionales para solicitar una revisión urgente de cada uno de los casos.

Sin embargo, las autoridades mexicanas consideran que el incremento de fallecimientos obliga a ampliar la estrategia mediante procedimientos legales con mayor alcance.

Sheinbaum anticipó una respuesta más firme

La presidenta Claudia Sheinbaum ya había adelantado que su administración preparaba nuevas medidas para responder al actuar de las autoridades migratorias estadounidenses.

La mandataria sostuvo que México no puede permanecer indiferente ante situaciones que impliquen presuntos abusos o actos de violencia contra ciudadanos mexicanos en territorio estadounidense.

Asimismo, reiteró que la protección de los connacionales constituye una responsabilidad permanente del Estado mexicano y aseguró que el Gobierno continuará utilizando todos los mecanismos legales y diplomáticos disponibles para defender sus derechos.

Un tema que marcará la relación bilateral

El anuncio abre una nueva etapa en la política exterior mexicana respecto al fenómeno migratorio y coloca el respeto a los derechos humanos de los migrantes como uno de los principales asuntos de la agenda entre México y Estados Unidos.

Las acciones anunciadas buscan no sólo esclarecer las circunstancias de las muertes registradas, sino también generar mecanismos que eviten nuevas violaciones a los derechos fundamentales de las personas migrantes, en un contexto donde la política migratoria estadounidense continúa siendo objeto de amplio debate internacional.