México refuerza combate a la extorsión con fuerza del Estado
Estrategia nacional suma a la UIF y a todas las fuerzas federales para atacar el financiamiento del crimen organizado
Ciudad de México, 6 de julio de 2025 — En un esfuerzo coordinado sin precedentes, el Gobierno de México anunció este lunes una ofensiva integral para combatir la extorsión, uno de los delitos que más afecta a empresarios, comerciantes y ciudadanos en todo el país. Con la premisa de que «no hay lugar para la impunidad», la administración federal desplegará toda la fuerza del Estado a través de las principales instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
La estrategia, que se da en el contexto de un incremento en las denuncias de extorsión en varias regiones del país, será encabezada por el Gabinete de Seguridad Nacional, el cual incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Congelamiento de cuentas: clave financiera
Uno de los pilares de la estrategia será el combate al financiamiento del delito. Para ello, se incorporará activamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se encargará de detectar y congelar cuentas bancarias utilizadas para recibir pagos de extorsión. Según fuentes oficiales, ya se han identificado redes de cuentas vinculadas a organizaciones delictivas que operan a nivel nacional.
«El dinero es la sangre del crimen organizado», señaló un funcionario de alto nivel. “Si logramos asfixiar sus operaciones financieras, debilitamos de raíz su capacidad de control y expansión”.
Coordinación y tecnología: apuestas clave
El plan contempla también un mayor uso de herramientas tecnológicas, inteligencia de datos y plataformas digitales para el cruce de información entre instituciones. Se buscará generar mapas de riesgo, identificar patrones de comportamiento delictivo y coordinar acciones en tiempo real entre autoridades federales y estatales.
Además, se fortalecerá la atención ciudadana mediante líneas de denuncia anónima y la colaboración con cámaras empresariales, que han expresado su preocupación por el creciente impacto económico de la extorsión en sectores como el transporte, la construcción y el comercio minorista.
Impacto social y reacción del sector privado
Organizaciones civiles y empresariales han manifestado su respaldo a la medida, aunque también insisten en la necesidad de resultados tangibles. “Congelar cuentas es fundamental, pero también lo es proteger a las víctimas y evitar represalias”, declaró un representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Por su parte, especialistas en seguridad señalaron que este tipo de políticas deben ir acompañadas de fortalecimiento institucional en los estados, donde muchas veces la impunidad y la colusión con grupos criminales dificultan la implementación efectiva de medidas federales.
Una estrategia de largo plazo
El combate a la extorsión no será inmediato. Las autoridades han advertido que se trata de un fenómeno complejo que requiere un enfoque sostenido, con visión de largo plazo, y con la participación de la sociedad civil, los gobiernos locales y el sector financiero.
La administración federal asegura que este es solo el inicio de una serie de acciones más agresivas contra la criminalidad económica. “La extorsión no es solo un delito, es una forma de esclavitud moderna. No la vamos a permitir”, afirmó un portavoz del Gabinete de Seguridad.
Mientras tanto, se espera que en las próximas semanas se den a conocer los primeros resultados de esta estrategia, así como una posible reforma legislativa para agravar las penas a quienes participen en esquemas de cobro y transferencia de dinero producto de la extorsión.
