El congreso de EEUU aprueba gasto militar récord de $900 mmd
Un presupuesto histórico avanza al senado en medio de fricciones políticas y cambios drásticos en políticas globales, militares y de diversidad.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de defensa que marca un nuevo récord presupuestario: cerca de 900.000 millones de dólares destinados al gasto militar. La votación, de 312 votos a favor y 112 en contra, subraya no solo el volumen del paquete, sino el complejo momento político en el que emerge, en medio de tensiones crecientes entre el Congreso —de mayoría republicana— y la Administración de Donald Trump. El documento avanzará ahora al Senado, que intentará ratificarlo antes del receso de fin de año.
Aunque la Casa Blanca expresó su “fuerte apoyo” al proyecto, varias disposiciones contenidas en el texto final cuestionan de manera directa la gestión del Departamento de Guerra y exigen una mayor rendición de cuentas, particularmente respecto a operaciones en el extranjero.
Reajustes internos: salarios, infraestructura y compras militares
Entre los componentes más inmediatos para las fuerzas armadas destaca un incremento salarial del 3,8 % para gran parte del personal, acompañado por nuevas inversiones para mejorar infraestructura habitacional y bases militares. Este componente ha sido presentado como un esfuerzo para modernizar condiciones operativas tras años de rezagos presupuestarios.
El proyecto también impulsa la agilización en los procesos de adquisición de armamento, una iniciativa que responde a los continuos retrasos atribuidos tanto a la industria de defensa como a la pesada burocracia interna del Pentágono. El objetivo es reducir tiempos y costes en un contexto de creciente competencia militar global.
Supervisión reforzada: el Congreso busca más control
Una de las dimensiones más sensibles del texto es el fortalecimiento del papel del Congreso en la supervisión de operaciones militares. Una cláusula emblemática recorta en un 25 % el presupuesto de viajes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, hasta que el Pentágono entregue al Legislativo los videos sin editar del ataque del 2 de septiembre en el Caribe contra una supuesta narcolancha, un operativo en el que murieron dos personas.
Para los legisladores, la demora en la entrega de ese material constituye una falta grave a la transparencia y pone en duda la capacidad del Departamento de Guerra para actuar bajo supervisión legal.
Despliegues internacionales: Europa, Asia y apoyo a Kiev
El proyecto reafirma el compromiso estadounidense con Europa: el Pentágono deberá mantener al menos 76.000 efectivos desplegados en el continente, salvo que la OTAN sea consultada previamente y determine que un eventual repliegue responde a intereses estratégicos de Washington.
En el caso de Corea del Sur, se fija un mínimo de 28.500 soldados estadounidenses para garantizar estabilidad regional. A ello se suma la autorización de 400 millones de dólares anuales durante dos años para producción de armamento destinado al régimen de Kiev, fortaleciendo así la asistencia militar a Ucrania en un momento de persistente tensión geopolítica.
Prioridades políticas: recortes en clima y diversidad
El paquete aprobado también refleja un viraje significativo en políticas internas. Se recortan 1.600 millones de dólares en programas vinculados al cambio climático y se eliminan oficinas de diversidad, equidad e inclusión, con un ahorro proyectado de 40 millones. Estas medidas han sido celebradas por sectores conservadores, pero criticadas por voces que consideran que debilitan áreas esenciales para la modernización institucional.
Irak y Siria: ajustes en la política exterior
El documento incluye la derogación de la autorización de 2002 que permitió la guerra de Irak. Si bien su uso reciente ha sido limitado, dicha autorización sirvió como base legal para la operación de 2020 en la que se eliminó al general iraní Qasem Soleimani. Para numerosos legisladores, rescindirla es un paso simbólico destinado a evitar futuros abusos del poder ejecutivo en el ámbito militar.
En relación con Siria, el proyecto establece la eliminación permanente de sanciones estadounidenses que habían sido levantadas de manera temporal tras el cambio de liderazgo en ese país, reconfigurando así el enfoque diplomático y estratégico de Washington en la región.
