EE.UU. acusa a dos empresarios mexicanos de sobornos en Pemex
El Departamento de Justicia señala que pagaron más de 150 mil dólares y dieron regalos de lujo para obtener contratos millonarios con la petrolera estatal.
Washington / Ciudad de México – El Gobierno de Estados Unidos presentó este martes cargos formales contra dos empresarios mexicanos, a quienes acusa de participar en una sofisticada red de sobornos dirigida a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex). La denuncia, emitida por el Departamento de Justicia, detalla que los implicados habrían pagado más de 150.000 dólares en efectivo y entregado costosos obsequios para manipular procesos de licitación y obtener contratos por millones de dólares.
Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino, señaló que los acusados —identificados como Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga— son ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos. “Se alega que los acusados sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y asegurar millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas. Esta acusación debería enviar un mensaje claro de que la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, dijo Galeotti.
Regalos de lujo y presuntos nexos criminales
De acuerdo con documentos judiciales, entre 2019 y 2021 los empresarios entregaron artículos de marcas como Louis Vuitton y relojes Hublot, además de pagos en efectivo, a al menos tres funcionarios de Pemex. Las dádivas, según la acusación, permitieron a Rovirosa obtener contratos con la petrolera estatal por un valor aproximado de 2,5 millones de dólares.
El expediente también menciona que Rovirosa tendría presuntos vínculos con miembros de un cártel mexicano, aunque no se especificó cuál. Esta conexión, de confirmarse, podría elevar el caso a un nivel más grave al entrelazar corrupción corporativa con crimen organizado.
Operativo binacional e investigaciones en México
La investigación es encabezada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y Homeland Security Investigations (HSI), con el respaldo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. En México, la Fiscalía General de la República (FGR) inició cateos en propiedades relacionadas con los acusados, con el objetivo de decomisar pruebas y rastrear posibles operaciones financieras ilícitas.
El caso se enmarca en un contexto de creciente escrutinio internacional hacia Pemex, que en los últimos años ha sido señalada por irregularidades en licitaciones y contratos, y cuyo papel estratégico en el sector energético mexicano la convierte en un objetivo clave tanto para inversiones legítimas como para redes ilícitas.
