Grupo México deberá dragar el Río Sonora y atender a afectados
Grupo México deberá dragar el Río Sonora y brindar atención médica a los afectados por el derrame tóxico de 2014
Diez años después del mayor desastre ambiental en la historia minera de México, Grupo México ha recibido la orden de realizar el dragado completo del Río Sonora y de garantizar la atención médica integral a las personas afectadas por el derrame de sulfato de cobre ocurrido en agosto de 2014. La resolución fue emitida por un tribunal federal, en respuesta a una larga batalla legal impulsada por organizaciones civiles, ambientalistas y comunidades locales.
Una década de impunidad ambiental
El 6 de agosto de 2014, aproximadamente 40,000 metros cúbicos de lixiviados con metales pesados fueron vertidos en los ríos Bacanuchi y Sonora desde la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México. El desastre afectó directamente a más de 22,000 personas en siete municipios sonorenses, contaminando el agua potable, afectando cultivos, ganado y dejando secuelas aún visibles en la salud de los habitantes.
Pese a que la empresa aseguró haber cumplido con sus obligaciones mediante el Fideicomiso Río Sonora —creado en 2015 con una bolsa inicial de 2 mil millones de pesos— diversas auditorías, informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y estudios independientes revelaron que la atención fue insuficiente y que los residuos tóxicos permanecen en el cauce y márgenes del río.
La sentencia judicial: limpieza y salud como prioridad
El reciente fallo judicial obliga a Grupo México a realizar el dragado y saneamiento completo del lecho del Río Sonora y sus afluentes, con supervisión técnica del Gobierno Federal y participación de las comunidades. Además, se instruye la reapertura de clínicas ambientales, así como la implementación de un programa de salud pública especializado en atención a enfermedades crónicas relacionadas con metales pesados como el arsénico, plomo, cadmio y cobre.
La resolución también incluye mecanismos de transparencia, monitoreo ciudadano y una auditoría independiente de las acciones pasadas y futuras del grupo minero. Se estima que las nuevas labores de remediación ambiental costarán más de 3,500 millones de pesos, monto que deberá cubrir la empresa.
Reacciones de afectados y sociedad civil
Diversos colectivos como los Comités de Cuenca del Río Sonora, la organización PODER y académicos de la UNAM celebraron la decisión como “una victoria histórica para la justicia ambiental en México”. “Se trata de una reparación mínima a una década de sufrimiento y abandono”, señaló Leticia Murillo, vocera del Frente Río Sonora Vivo.
En contraste, Grupo México emitió un escueto comunicado donde manifestó su desacuerdo con el fallo, aunque confirmó que colaborará con las autoridades. No obstante, insistió en que “ha cumplido con todos los compromisos adquiridos” y que la contaminación ha sido contenida, lo que ha sido desmentido por diversos estudios científicos recientes.
Implicaciones para el sector minero
La decisión judicial marca un precedente para la responsabilidad corporativa en casos de daño ambiental en México. Especialistas en derecho ambiental señalan que la resolución podría abrir la puerta a una revisión más estricta de la legislación minera y de los estándares de prevención de desastres ecológicos en el país.
México, uno de los mayores productores de minerales en el mundo, enfrenta una creciente presión nacional e internacional para compatibilizar la explotación minera con el respeto a los derechos humanos, la salud comunitaria y el medio ambiente.
Lo que sigue
El fallo judicial contempla un plazo de 90 días para que Grupo México presente un plan detallado de dragado, saneamiento y atención médica. Las autoridades federales, incluyendo a la SEMARNAT, la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, deberán coordinar la ejecución y vigilar el cumplimiento.
Mientras tanto, los habitantes de los pueblos ribereños del Río Sonora siguen esperando no solo justicia, sino también agua limpia, salud garantizada y que esta tragedia no se repita.
